viernes, 17 de julio de 2015

La Legislatura tucumana rechaza el protocolo abortista e ilegal del PEN



Felicitaciones a la Red Federal de Familias de Tucumán,
al católico pueblo tucumano
y a los legisladores que defendieron la vida!
Que sirva de ejemplo para todo el País!     


Petitorio ciudadano -Marcha por la Vida y la Familia      

         En San Miguel de Tucumán, hoy jueves 2 de julio de 2015, los tucumanos le decimos NO al “Protocolo de atención a personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” emitido de facto, sin resolución legal alguna, por el Ministerio de Salud de la Nación.
Estamos reunidos en esta Plaza Independencia para decirle SÍ A LA VIDA!
Sí al primero de todos los Derechos Humanos, el Derecho a la Vida del más débil de todos nosotros: la persona por nacer. Nadie tiene derecho a tomar la vida de otro en forma violenta, como se la toma en un aborto. No existe el “derecho a la interrupción legal del embarazo”, jamás puede ser legal cometer un delito. Y que NO quepa duda  alguna: el aborto es un delito, tipificado en el Código Penal, en el Título 1° Delitos contra las Personas, en el capítulo 1° Delitos contra la Vida, del art. 85 al 88.
Este protocolo inconstitucional avasalla la soberanía de las provincias para legislar en materia de salud, esa es una facultad no delegada a la Nación por las provincias, por lo que el Ministerio de Salud de la Nación no tiene facultad para crear un protocolo que, sea, como dice textual, “de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y deba ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”. Nuestro Ministro de Salud de la Provincia debió oponerse públicamente a este protocolo y defender la vida de los tucumanos en gestación, ya que la provincia es soberana para legislar en materia de salud. Hace 20 días que esperamos buenamente que lo haga, hoy venimos a exigirle al Dr. Pablo Yedlin que NO se aplique en ningún lugar de Tucumán este protocolo de muerte.
El protocolo es ilegal, porque establece para los médicos y todo el personal de salud, la obligatoriedad de cometer delito de aborto, ante el sólo pedido de la madre embarazada, sin mediar orden judicial, ni denuncia penal. Violenta el Derecho Constitucional de Objeción de Conciencia que tiene toda persona, y el juramento hipocrático de los médicos, estableciendo sanciones para el profesional que “osare” dar consejo a favor de la Vida, en los casos de no punibilidad.
El protocolo es antijurídico, ya que plantea como un derecho lo que es claramente un delito contra la vida de la persona por nacer.
El protocolo pretende reglamentar, yendo mucho más allá, el mismísimo Código Penal Argentino.
 El Protocolo es contrario a la ley 25.673 que prohíbe el aborto en el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, o sea que vulnera la misma ley que invoca como fuente normativa.
Además de la gravedad del protocolo abortista, nos convoca acá la gran preocupación por la educación, con imposición de ideología de género, que están recibiendo nuestros niños en las escuelas, desde la más tierna infancia, violentando manifiestamente la Ley Natural.
Es por esto, y por mucho más, que los ciudadanos de Tucumán, en ejercicio del derecho constitucional de manifestar y peticionar a las autoridades, unidos, pedimos al Sr Ministro de Salud de la Nación Dr. Daniel Gollan, al Poder Ejecutivo Nacional en su conjunto, y al Honorable Congreso de la Nación:
1)- El absoluto respeto y protección al primero de los Derechos Humanos, el Derecho a la Vida, desde la concepción/fecundación, hasta su final natural.
2)- El respeto y promoción de la familia, como célula básica de la sociedad, basada en matrimonio de hombre y mujer, abiertos a la Vida y a la educación de la prole, sin imposición de ideologías. A través de medidas de carácter político, económico, social y jurídico.
3)- El respeto y protección al derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban educación, tanto pública como privada, conforme a sus principios y creencias.
4)- La inmediata supresión del Protocolo de Atención a las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, como también de la Guía Práctica para la atención de los abortos no punibles, por ser claramente inconstitucionales y atacar el Derecho a la Vida del ser humano más inocente e indefenso.
5)- La derogación de toda normativa administrativa o legal, que promueva o incite a cometer delito de aborto.
6)- La derogación de leyes que ataquen directa o indirectamente a la familia argentina, tal y como está definida en el punto 2.
7)- La obligatoria aplicación del Derecho Positivo Argentino vigente respecto a la protección especial de la persona por nacer; aunque parezca una obviedad este pedido, nos vemos forzados a exigirlo, ya que nuestro Derecho está siendo burlado.
8)- La aprobación, sanción, promulgación y publicación inmediata del Proyecto de Ley de Protección de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer, identificado con el N° 2809-D-14 en la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto contiene políticas positivas de ayuda a la mujer embarazada en conflicto, para que los fondos que el Estado quiere utilizar para destruir vidas se apliquen para salvarlas. Como así también del Proyecto de Ley de Protección Integral de la Familia, cuya Iniciativa Popular está pronta a ser presentada en el Congreso.
9) La promoción de la adopción como opción siempre válida y posible frente al aborto.
10)- El compromiso formal de las autoridades ejecutivas y legislativas que terminan su mandato, como las que asumirán después de las elecciones, de escuchar la voz del pueblo, cuando pide sólo el cumplimiento de la Ley Natural; y no atender directivas ideológicas supranacionales que tienen como objetivo oculto la conquista cultural y demográfica.



                                                      Red Federal de Familias - Tucumán 

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