ANTE EL RECHAZO DEL PROTOCOLO DE LA
MUERTE
El Centro de Investigaciones de la Problemática Familiar, asociación
civil que integra la Red Federal de Familias, no puede menos que congratularse
con el rechazo, por parte del Senado de la Provincia de Mendoza, del proyecto
de ley que –con media sanción de Diputados– propiciaba la adopción de la «Guía
Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles» del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de
la Nación.
La decisión es coherente con la ley provincial
n° 7349 del 16 de marzo de 2005 que estableció el día 25 de marzo como el “Día
de los Derechos del Niño por Nacer” en todo el ámbito de la Provincia (art. 1°)
y que, en su artículo 2° dispuso que “El Poder Ejecutivo, a través de la
Dirección General de Escuelas, difundirá el
valor de la vida y sus derechos desde la concepción…”.
Por el contrario, como ya lo señalamos en
muchas oportunidades y, concretamente, en la carta que elevamos a la Comisión
de Salud de dicho cuerpo legislativo el 30 de septiembre pasado, la sanción de la ley proyectada hubiese significado
la adopción de un “protocolo” que
autoriza y reglamenta la ejecución de abortos en los casos que allí se prevén,
pisoteando ese derecho a la vida, tan acertadamente reconocido por la ley 7349,
del que el niño por nacer es titular «desde la concepción», olvidando que tal derecho,
expresamente registrado por la legislación provincial, además de su valor
intrínseco tiene rango constitucional de primer nivel; y que, en concreto, obliga
primariamente a la garantía y custodia del interés superior del niño en primer término y en absoluto, es decir, sin
condiciones, por lo que está por encima de toda otra consideración y derecho que,
supuestamente, se vean afectados por el respeto de aquél, es decir, de la vida
del niño cuyo asesinato se preconiza.
La
Asociación que represento recibe con alegría la noticia del rechazo del proyecto
elevado por la Cámara de Diputados, proyecto que, de haberse convertido en ley,
hubiese significado, entre otras cosas, la derogación implícita de aquella
otra, el desconocimiento expreso de los derechos del niño por nacer reconocidos
en ella y el establecimiento injustamente discriminatorio de una doble
categoría de niños por nacer, según cuál sea el origen de su concepción, y la
inicua sanción de la pena de muerte para aquellos que carguen con el estigma de
haberlo sido sin el consentimiento de la madre, cuyos difusos derechos y su
condición de víctima se priorizarían, y como consecuencia de una criminal y
reprochable acción del padre, cuya impunidad tales protocolos promueven.
Asimismo,
ve con preocupación que algunos senadores, en el intento de fundamentar sus
votos, no tuvieron en cuenta estas consideraciones y principios y defendieron
el perverso fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio origen a estas
iniciativas, resignando los fueros y autonomías provinciales bajo pretextos
puramente ordenancistas, como el caso del senador radical, y ex vicegobernador
de la Provincia, Juan Carlos Jaliff; o reclamando una ciega e indebida
obediencia a aquella resolución judicial, como el caso del senador oficialista
Fernando Simón. Nos llama la atención, por otra parte, la contradictoria
actitud del senador Jaliff, uno de los principales promotores en el Senado del
proyecto abortista de la Cámara de Diputados, quien en el año 2005 fue uno de
los que votó la ley que sancionó el Día de los Derechos del Niño por Nacer,
cuyo texto firmó en su condición de, entonces, Presidente del H. Senado de la
Provincia de Mendoza.
Felicitamos
a los senadores que, más allá de cualquier presión y bandería partidaria,
supieron asumir con lucidez y valentía su deber y les pedimos que no se presten
a confusiones y que tengan en cuenta que cualquier ley que legitime el aborto y
regule su práctica, por más recaudos que se adopten y más paliativos que se
busquen, será siempre una ley que tendrá por objeto principal, más allá de
otros fines aparentemente benéficos que persiga, otorgar un marco jurídico y
apariencia de justicia al asesinato aleve de una persona humana inocente e
indefensa.
Lamentamos
sinceramente la falta de seriedad, coherencia y libertad de criterio de muchos
de los legisladores provinciales. Lo escueto del conocimiento del que hasta
ahora se dispone nos impide hacer un debido análisis y refutación de los
argumentos sostenidos o aceptados por los quince senadores que votaron a favor
de la sanción del proyecto abortista, pero no queremos dejar de señalar, como
ya lo hemos hecho y en concordancia con lo expuesto por la senadora Claudia
Segovia, del Frente para la Victoria que, más allá de su perversidad intrínseca,
tanto el fallo de la Corte Suprema como el protocolo de abortos son
inconstitucionales y violatorios del derecho objetivo, indeclinable y exento de toda
limitación que tienen los niños por nacer
desde el instante mismo de su concepción.
En ningún caso, ni aun en el supuesto de violación, el recurso al aborto significa una ayuda para
la mujer gestante. Corresponde
al Estado, en acción conjunta con toda la sociedad y dentro de su genérica
obligación de garantizar la seguridad de las personas y la prevención y el
castigo de los crímenes, prevenir las violaciones, así como , en el lamentable
supuesto de que éstas se hayan producido, castigar a los culpables y proponer
soluciones que, a su vez, contemplen el interés superior del niño y su derecho
a la vida; y el interés y la salud integral de la madre y la atención de todas
las necesidades que hubieren generado el delito del que ha sido víctima.
Frente a la cultura de la muerte, que busca
la promoción del aborto como única solución a los mal llamados casos de
“embarazos no deseados” (con cuya designación se estigmatiza y desprecia desde
su inicio la vida del niño concebido en esas circunstancias) el Centro de Investigaciones de la Problemática Familiar peticiona una política de atención de la
mujer, tal como se ha plasmado en las propuestas presentadas por la asociación
que represento, así como las que han tomado estado legislativo a raíz de la
presentación de un proyecto, originado en la Red Federal de Familias, que
contempla la protección integral de la mujer embarazada y del niño por nacer.
En estos tiempos en que tanto se habla de
diálogo, consenso y debate, es necesario que cuestiones tan esenciales y relevantes
sean consideradas a la luz de un honesto intercambio de ideas que surjan a
partir del previo y necesario reconocimiento del derecho primordial,
irrenunciable e indelegable a la vida, como presupuesto y base de todo derecho;
y que con ahínco, se busquen soluciones a los múltiples problemas que impiden
un adecuado desarrollo y ejercicio de ese derecho que abarca no sólo el de
nacer, que ahora reclamamos, sino el de llevar adelante una vida digna de la
condición humana. Esto último implica, obviamente y con prioridad, la atención
de las madres y, en particular, de las que han accedido a esa condición por
circunstancias expresamente ajenas a su voluntad; y más en general, la de todas
las madres y familias que se encuentran en un estado especial de desprotección.
Pedimos para ellas –madres y familias–
soluciones concretas y eficaces, en cuya búsqueda nos encontramos como
asociación y a la que nos ofrecemos a colaborar con el resto de la sociedad
civil y con el Estado, ya sea éste municipal, provincial o nacional.
San Rafael, Mendoza, 13 de diciembre de 2012.
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Ricardo S. Curutchet
Presidente
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